La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia relacionada con el manejo de recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Ana Gabriela Guevara. La querella se desprende de observaciones detectadas en la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022 y eleva a cinco el número de denuncias acumuladas por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos entre 2019 y 2022.
De acuerdo con información publicada por Animal Político y con los resultados de auditorías de cumplimiento forense realizadas por la ASF, las anomalías más recientes están vinculadas con contratos para servicios durante el torneo celebrado en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco. El órgano fiscalizador estimó en 65 millones de pesos el posible daño al erario asociado con recursos cuyo destino y ejecución no habrían quedado debidamente acreditados.
Contratos bajo revisión en el Mundial de Taekwondo
Entre los hallazgos señalados figura la contratación de proveedores que, según la revisión de la ASF, contaban con una estructura limitada para prestar los servicios comprometidos. Las empresas VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote recibieron contratos vinculados con internet, señal de televisión y seguridad para el campeonato, pese a que cada una tenía registrado un solo trabajador.
La auditoría identificó que esas compañías recurrieron a la subcontratación de otros prestadores de servicios. Sin embargo, la documentación revisada no habría permitido comprobar de manera suficiente que las actividades contratadas se realizaron en los términos, cantidades y condiciones pagadas con recursos públicos. El punto central de la observación no es solamente la contratación de empresas con capacidad operativa reducida, sino la falta de evidencia verificable sobre la cadena completa de prestación de los servicios.
En procedimientos de fiscalización de esta naturaleza, la insuficiencia documental no equivale por sí misma a una sentencia de responsabilidad penal. Corresponde a la FGR determinar, a partir de la denuncia y de las diligencias que considere pertinentes, si existen elementos para configurar delitos y establecer posibles responsabilidades individuales. La ASF, por su parte, tiene atribuciones para revisar el ejercicio del gasto federal y promover acciones legales cuando detecta hechos que podrían constituir infracciones o ilícitos.
Una investigación que abarca varios ejercicios fiscales
Con la denuncia presentada el 28 de agosto de 2026, las investigaciones derivadas de auditorías a la Conade durante el periodo 2019-2022 acumulan un presunto quebranto de 544 millones de pesos, según las cifras reportadas. La primera denuncia fue presentada en 2023; posteriormente se formularon dos más en 2024 y una adicional en 2025. La reciente acción ante la FGR amplía el expediente de observaciones sobre transferencias y contrataciones realizadas en el sector deportivo.
Los informes de fiscalización describen un patrón que la ASF ha identificado en distintos eventos y programas: la transferencia de recursos de la Conade a federaciones deportivas u organismos estatales, seguida de contrataciones para arbitraje, alimentación, seguridad, limpieza y otros servicios operativos. La preocupación expresada en las auditorías radica en que, en varios casos, no se localizaron pruebas documentales suficientes que permitieran corroborar la ejecución efectiva de los trabajos.
Además de los recursos observados en el Mundial de Taekwondo, la información difundida refiere que el Instituto del Deporte de Baja California no pudo acreditar el uso de otros 67 millones de pesos destinados a los Nacionales Conade 2022. Ambas situaciones corresponden a destinos de gasto distintos, pero reflejan un problema común de comprobación: la obligación de las instituciones receptoras y ejecutoras de demostrar, con expedientes completos, que los recursos fueron aplicados conforme a su objeto autorizado.
El papel de operadores y organismos receptores
El Campeonato Mundial de Taekwondo de Guadalajara fue operado por el empresario Gabriel Ramos, presidente de World Archery México y responsable de la disciplina de tiro con arco en el país. Ramos ha sido mencionado en un reportaje de Proceso sobre presuntas irregularidades en la construcción de un estadio con pista de atletismo en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esa referencia forma parte del contexto público sobre algunos participantes del sector, aunque las observaciones de la ASF sobre el torneo de taekwondo deberán analizarse de manera específica dentro de la investigación correspondiente.
La relevancia del caso trasciende el monto observado. La organización de competencias internacionales requiere contratar servicios especializados en plazos reducidos y coordinar a federaciones, sedes, proveedores y autoridades locales. Precisamente por esa complejidad, los mecanismos de control documental adquieren un peso decisivo: permiten distinguir entre deficiencias administrativas, incumplimientos contractuales y eventuales conductas que ameriten una investigación penal.
Hasta ahora, las denuncias conocidas representan una fase inicial dentro de un proceso que puede incluir solicitudes de información, peritajes, comparecencias y, en su caso, judicialización. La acumulación de expedientes coloca bajo escrutinio los controles aplicados por la Conade y por las entidades que recibieron recursos, pero la definición de responsabilidades dependerá de las determinaciones de las autoridades competentes y del derecho de defensa de las personas involucradas.
