Tras 31 años y ocho meses de colaboración semanal, el autor de la columna “Poder: para qué” anunció su despedida de El Economista. Agradeció el respaldo del director general editorial, Luis Miguel González, y de Viridiana Díaz, editora de la sección, además de expresar su reconocimiento a los lectores.
En su último texto, sostuvo que las decisiones de inversión requieren reglas formales claras, permanentes y de aplicación general, así como un Poder Judicial independiente, tribunales mercantiles y de competencia, seguridad personal y patrimonial, y respeto al Estado de derecho.
El columnista afirmó que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han debilitado esas condiciones mediante reformas constitucionales y legales orientadas, según su planteamiento, a concentrar poder. Entre los cambios citó la eliminación de órganos autónomos, la reforma judicial, modificaciones a la Ley de Amparo y medidas que, a su juicio, amplían facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y permiten mecanismos de censura.
También atribuyó a ese deterioro de la certeza jurídica una caída de la inversión privada. Señaló que, en el primer trimestre del año, la inversión fija bruta total como proporción del PIB fue la menor de los últimos cinco años, y vinculó esa situación con una menor tasa estructural de crecimiento y la creación de empleos informales.
El autor planteó interrogantes sobre el uso futuro del poder acumulado por la presidenta, incluida una eventual mayor intervención estatal en la economía, la política tributaria y el respeto a los derechos de propiedad. Cerró con un llamado a preservar el Estado de derecho y la certeza jurídica.
