Vox ha registrado más de cien enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, incorporando por primera vez el concepto de “prioridad nacional” como criterio explícito en cuentas públicas españolas. El portavoz José María Llanos ha definido tres ejes principales: prioridad nacional, seguridad e inmigración, y vivienda. Esta formulación busca condicionar el acceso a servicios sociales y vivienda pública en favor de los residentes valencianos.
En inmigración, las propuestas destinan 1,5 millones de euros al retorno voluntario y al control fronterizo. Se plantea transformar la Oficina Valenciana de Inclusión en una Oficina de Arraigo y Retorno, con 600.000 euros para asesoramiento y una dotación adicional de 2,35 millones para menores extutelados. También se incrementan fondos para estudios sobre impacto sociodemográfico en la delincuencia.
Vivienda y reducción de gasto
En vivienda, Vox reclama un millón de euros para víctimas de ocupación ilegal, 500.000 euros para recuperar pisos públicos ocupados y otro millón para fomentar el alquiler. La “prioridad nacional” se convertiría en requisito para acceder a vivienda pública. Paralelamente, se propone recortar 972.000 euros de la Academia Valenciana de la Llengua y reducir a la mitad las subvenciones a sindicatos y patronales.
Estas enmiendas representan un intento de trasladar al ámbito presupuestario regional un debate nacional sobre preferencia de acceso y control migratorio. Su viabilidad dependerá de la negociación con el resto de grupos en Les Corts, donde Vox no tiene mayoría. El planteamiento introduce un precedente que podría replicarse en otras comunidades si el partido logra consolidar esta línea argumental.
