Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles han dejado hasta ahora 920 personas fallecidas y más de 50.000 desaparecidas, según el balance actualizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y confirmado por el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher. El gobierno reporta además casi 3.000 heridos. La mayor destrucción se concentra en La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y los equipos de rescate enfrentan serias limitaciones de equipo especializado.
Los sismos, que se sintieron también en Colombia y han sido seguidos por más de 130 réplicas, representan el evento sísmico más grave en el país desde 1997. Aunque Venezuela es una nación sísmica, la combinación de infraestructura vulnerable y la limitada capacidad de respuesta inmediata ha agravado las consecuencias humanas y materiales.
La situación en La Guaira
La Guaira, localidad costera cercana a Caracas y sede del principal aeropuerto del país, quedó prácticamente destruida. Residentes y voluntarios intentan retirar escombros con las manos mientras claman por maquinaria pesada. Testimonios recogidos en el lugar revelan que muchos familiares siguen buscando a sus seres queridos bajo los escombros sin apoyo técnico suficiente. La falta de recursos ha llevado a que vecinos organicen sus propias brigadas, pero la operación requiere cortes de acero y remoción de bloques de concreto que solo pueden realizarse con equipamiento especializado.
El gobierno declaró la zona como “zona de desastre” y militarizó todo el estado de La Guaira. La presidenta interina visitó el lugar el jueves, mientras que en las calles se reportaron episodios de saqueos durante las primeras 48 horas. Estas condiciones complican la coordinación entre autoridades y población civil.
Respuesta internacional y ayuda humanitaria
Casi 48 horas después de los sismos, equipos de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a llegar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya operan en el terreno, mientras que suministros procedentes de Chile y Suiza han sido reportados por medios locales. Estados Unidos anunció el envío de 150 millones de dólares, dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros, tras la promesa del presidente Donald Trump de asistir a Venezuela. Un general del Comando Sur se encuentra ya en Caracas para coordinar las operaciones.
La ONU ha calificado la operación de rescate como “extremadamente compleja”. La presencia de equipos internacionales puede acelerar la localización de supervivientes, pero el acceso a zonas colapsadas sigue siendo lento debido a la magnitud de los derrumbes y la necesidad de estabilizar estructuras antes de intervenir.
Contexto político y desafíos estructurales
La respuesta se produce en un contexto político particular: la presidenta asumió el poder de forma interina en enero tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. La líder opositora María Corina Machado solicitó la liberación de presos políticos para que puedan reunirse con sus familias en medio de la tragedia. Esta petición añade una dimensión humanitaria a la ya delicada situación institucional.
Venezuela enfrenta dificultades estructurales que se hacen evidentes tras desastres de esta magnitud: envejecimiento de la infraestructura, escasa preparación sísmica en edificios residenciales y limitaciones logísticas para movilizar maquinaria pesada de manera inmediata. Estos factores explican por qué, pese a la llegada de ayuda externa, las labores de rescate avanzan con lentitud y muchos cuerpos permanecen visibles entre los escombros.
El balance de víctimas sigue siendo provisional. Las listas no oficiales de desaparecidos que circulan en redes sociales superan ya los 51.000 nombres, aunque las autoridades aún no han podido verificar su exactitud. La prioridad sigue siendo la localización de posibles supervivientes en las primeras 72 horas, periodo crítico para las operaciones de rescate.
