Los sismos del 24 de junio de 2026 en Venezuela no solo dejaron un saldo trágico de casi dos mil muertes y miles de heridos; también pusieron a prueba un sistema de normas antisísmicas que tiene sus raíces en el terremoto de 1967. Aquel evento marcó un antes y un después en la forma en que el país entiende la relación entre suelo, construcción y riesgo. Más de medio siglo después, las mismas zonas que entonces sufrieron daños graves vuelven a concentrar los mayores colapsos, lo que obliga a revisar no solo la efectividad de las regulaciones vigentes, sino también las decisiones urbanas tomadas durante décadas.
La ingeniera Valentina Páez Hernández, especialista en ingeniería sismorresistente, señala que la distribución de los daños no es aleatoria. Las zonas de Chacao y San Bernardino, separadas por nueve kilómetros, comparten una condición geológica que amplifica las ondas sísmicas: sedimentos profundos que actúan como resonadores naturales. En Los Palos Grandes la capa alcanza 360 metros, mientras que en San Bernardino llega a 120 metros. Esta característica, identificada por Funvisis en estudios de modelado numérico, explica por qué las ondas se intensifican y generan efectos de borde que afectan incluso áreas contiguas dentro de la cuenca de Caracas.
Orígenes de la regulación sísmica venezolana
El terremoto de 1967, que golpeó con especial fuerza Los Palos Grandes y San Bernardino, provocó la creación de Funvisis en 1972 y la primera norma sísmica nacional en 1982. Antes de esa fecha, Venezuela carecía de un marco técnico obligatorio que considerara la amplificación local del movimiento del suelo. Las edificaciones construidas con anterioridad a 1982 siguen en pie en muchos casos, y varias de ellas resistieron también los sismos de 2026, aunque con daños significativos. Esta continuidad física revela tanto la solidez de ciertas estructuras antiguas como las lagunas que persisten en la aplicación de evaluaciones periódicas.
La actualización más reciente del código, aprobada en 2019, incorpora criterios más estrictos sobre demanda sísmica según el tipo de suelo. Sin embargo, la coexistencia de edificios regulados por distintas versiones normativas genera un paisaje urbano heterogéneo en términos de vulnerabilidad. Las autoridades del Distrito Capital reportan más de 300 estructuras bajo revisión, lo que evidencia la necesidad de un inventario actualizado que combine datos de Funvisis con inspecciones de campo.
Efectos geológicos más allá de Caracas
La relación entre Caracas y el estado La Guaira añade otra capa de complejidad. Zonas como Caraballeda, con 450 metros de sedimentos sobre una franja costera estrecha y terrenos de relleno, comparten el mismo macizo montañoso del Parque Nacional Waraira Repano. Las fallas activas de San Sebastián y del Ávila atraviesan la región, lo que convierte al litoral central en un corredor de alta sismicidad. El hecho de que Caraballeda también sufriera daños graves en 1967 demuestra que los patrones de vulnerabilidad se repiten cuando no se incorporan medidas específicas de microzonificación en los planes de ordenamiento territorial.
Este vínculo geológico obliga a pensar la planificación regional de forma integrada. Las decisiones sobre dónde permitir edificaciones de gran altura o usos mixtos no pueden tomarse sin considerar cómo la respuesta sísmica de una cuenca afecta a la contigua. El estudio de Funvisis sobre la respuesta sísmica bidimensional del valle de Caracas ya advertía sobre los efectos de borde y la generación de ondas superficiales que se propagan entre Los Palos Grandes y el municipio Libertador.
Impacto en políticas públicas y reconstrucción
Los sismos de 2026 plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para traducir evaluaciones técnicas en acciones concretas de mitigación. La revisión de más de 300 edificios representa un esfuerzo significativo, pero también expone limitaciones presupuestarias y técnicas para realizar estudios detallados de cada estructura. La decisión de declarar una edificación inhabitable tiene consecuencias inmediatas en el desplazamiento de familias y en la presión sobre el mercado de alquiler en zonas menos afectadas.
Desde el punto de vista económico, la reconstrucción selectiva podría convertirse en un motor para modernizar el parque inmobiliario si se vincula a incentivos fiscales para el refuerzo estructural. Sin embargo, si las intervenciones se limitan a las zonas más visibles, se corre el riesgo de perpetuar desigualdades entre barrios que cuentan con recursos para adaptarse y aquellos que dependen exclusivamente de la acción estatal.
Lecciones para la resiliencia urbana a largo plazo
El principio de que cada sismo constituye una lección aprendida, expresado por la especialista Páez Hernández, adquiere especial relevancia cuando se proyecta hacia las próximas décadas. La comparación del comportamiento de edificios construidos bajo la norma de 2019 con aquellos regulados por versiones anteriores permitirá ajustar los parámetros de diseño antes de que ocurra otro evento de magnitud similar. Este proceso de retroalimentación es común en países con alta sismicidad, donde los códigos se revisan sistemáticamente tras cada terremoto importante.
A nivel social, la visibilidad de las zonas rojas podría influir en la percepción del riesgo y en las decisiones de inversión inmobiliaria. Si los compradores y arrendatarios comienzan a exigir certificados de vulnerabilidad sísmica, el mercado podría premiar a las edificaciones que cumplan estándares superiores a los mínimos obligatorios. Esta dinámica, observada en ciudades como Ciudad de México después de los sismos de 2017, suele acelerar la renovación del stock habitacional sin necesidad de prohibiciones explícitas.
Finalmente, la experiencia de Caracas subraya la importancia de mantener instituciones técnicas como Funvisis con independencia suficiente para actualizar mapas de microzonificación y recomendar restricciones de uso de suelo cuando los datos lo justifiquen. La interacción entre sedimentos profundos, topografía de cuenca y fallas activas no desaparecerá; la pregunta es si las decisiones urbanas futuras incorporarán esa información de manera sistemática o si se repetirán patrones de ocupación que ya demostraron ser problemáticos en 1967 y en 2026.
