Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó los obstáculos que, según la organización, las autoridades tunecinas imponen al trabajo de los periodistas durante la cobertura de la crisis de agua y electricidad que afecta al país desde principios de julio. La ONG denunció que varios profesionales han sufrido acoso mientras informaban sobre las protestas y las dificultades de abastecimiento, y reclamó al Gobierno que garantice tanto el libre ejercicio del periodismo como el derecho de la población a conocer lo que ocurre.
La advertencia de RSF se produce tras un incidente registrado el 26 de agosto en Rades, al sur de Túnez capital. Dos periodistas del canal catarí Al Jazeera fueron arrestados cuando documentaban a una multitud concentrada frente a un supermercado para conseguir agua embotellada. El producto estaba agotado en la mayoría de los establecimientos del país desde julio, de acuerdo con la información recogida por la organización.
Fotos borradas y restricciones para filmar
Tras ser interrogados, los dos comunicadores fueron obligados a eliminar las fotografías que habían tomado, según RSF. También tuvieron que firmar una declaración que les prohibía filmar o fotografiar en la zona sin autorización previa del jefe de la comisaría correspondiente. La ONG considera que el caso no constituye un hecho aislado, sino una práctica que se ha vuelto más frecuente en el contexto de la cobertura de asuntos de interés público.
Para RSF, impedir que periodistas documenten hechos que afectan directamente a la población resulta especialmente preocupante. La organización pidió a las autoridades que dejen de aplicar obstáculos arbitrarios mediante directivas administrativas y que permitan a los profesionales desarrollar su trabajo libremente y sin intimidación. Su pronunciamiento vincula las limitaciones denunciadas con la posibilidad de informar sobre las consecuencias concretas de la escasez de servicios básicos.
Denegaciones de información y acreditaciones pendientes
La Unión Nacional de Periodistas Tunecinos, conocida por las siglas SNJT, ya había recogido en su informe de seguimiento del mes pasado varios casos de denegación de acceso a la información. RSF citó ese documento como otro indicio de las restricciones que enfrentan los comunicadores, junto con el episodio ocurrido en Rades.
La organización añadió que los corresponsales de medios internacionales encuentran dificultades para obtener permisos de filmación y atraviesan largos procesos de acreditación. Numerosos periodistas extranjeros continúan a la espera de sus credenciales para 2026 cuando faltan cuatro meses para que termine el año, según RSF.
A estas trabas se suma, de acuerdo con la ONG, la utilización del sistema judicial contra periodistas. RSF sostuvo que esa situación restringe aún más la capacidad de la prensa para cubrir libremente asuntos de interés público y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información.
