Panamá validó por decisión unánime el Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas, una herramienta destinada a ordenar la respuesta del Estado ante comunidades expuestas a riesgos ambientales crecientes. El instrumento establece que el traslado será una medida excepcional y de última instancia, después de priorizar la reducción del peligro y la adaptación en el lugar de origen.
La aprobación ocurrió durante la IV Reunión Ordinaria de 2026 del Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá. El protocolo fue desarrollado bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, con la participación de entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales. Su validación abre una etapa de adopción legal y puesta en marcha, que requerirá la coordinación de las instituciones involucradas.
El documento define criterios y procedimientos para identificar, evaluar y ejecutar reubicaciones de manera ordenada. Sus seis fases abarcan desde la detección de riesgos hasta el cierre del proceso, e incluyen la estabilización y el seguimiento de las comunidades trasladadas. También incorpora nueve principios rectores relacionados con la protección de los derechos humanos, la no discriminación, la participación efectiva y la accesibilidad universal.
El protocolo contempla salvaguardas específicas para los pueblos indígenas. Antes de cualquier traslado, estas comunidades deberán otorgar su consentimiento libre, previo e informado. La transparencia, la gestión integral del riesgo y la sostenibilidad ambiental forman parte del marco de actuación, junto con mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y los actores locales.
Para organizar esa coordinación, se prevé una Mesa Nacional de Coordinación y mesas territoriales, respetando las competencias de cada autoridad. La directora nacional de Cambio Climático, Ana Aguilar, afirmó que la validación “no es el punto de llegada”, sino el inicio de una fase enfocada en la adopción legal y la implementación del instrumento.
La versión final incorporó aportes de una consulta pública realizada entre abril y mayo de 2026. El proceso incluyó tres sesiones virtuales y 13 jornadas presenciales en 10 provincias y dos comarcas, con la participación de 515 personas. Del total, el 56 % fueron mujeres y el 18 % se identificó como población indígena.
Entre 2012 y 2024, Panamá registró más de 15.000 desplazamientos internos asociados a eventos hidrometeorológicos, especialmente en comunidades rurales, costeras e indígenas. El protocolo fue elaborado a partir de la revisión de marcos normativos, consultas sectoriales, trabajo de campo y el análisis de experiencias recientes en la comarca Guna Yala y en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
Durante la misma reunión, la Autoridad del Canal de Panamá presentó los avances del monitoreo climático e hidrológico del país y las medidas adoptadas frente al fenómeno de El Niño. El documento validado busca reforzar las capacidades institucionales, la coordinación y el seguimiento para anticipar riesgos y acompañar los procesos de reubicación cuando no sea posible garantizar condiciones de seguridad y vida digna en el territorio de origen.
