El Gobierno de Panamá asegura que el Estado mantiene una vigilancia permanente sobre la mina Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, mientras continúa el análisis sobre el cierre definitivo del proyecto. Las autoridades sostienen que la suspensión de las operaciones no puso fin a las obligaciones ambientales de la empresa ni a la responsabilidad pública de supervisar el área.
Desde principios de 2024, un equipo de más de doce científicos del Ministerio de Ambiente realiza labores de seguimiento en el sitio. El monitoreo incluye controles sobre la calidad del agua, el suelo y el aire, además de observaciones sobre la vida en los ríos cercanos. Para ello se utilizan drones, laboratorios móviles y equipos de medición instalados o trasladados al terreno.
Un cierre que aún exige control
La mina dejó de operar después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión a finales de 2023. El fallo derivó en el cierre formal del proyecto y abrió una etapa marcada por la incertidumbre sobre su futuro, el manejo de las instalaciones y la atención de los pasivos ambientales acumulados durante la operación.
El Ejecutivo afirma que, lejos de reducirse, la fiscalización se intensificó tras la suspensión. Según la información oficial, desde el comienzo de este nuevo ciclo de vigilancia se han publicado más de una docena de informes técnicos. Estos documentos sirven como base para revisar el estado del complejo, determinar qué compromisos han sido cumplidos y establecer qué medidas aún requieren corrección.
La supervisión está coordinada por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental, conocida como DIVEDA, y se desarrolla en paralelo con el trabajo de una Comisión Interministerial creada en junio de 2026. El organismo está encabezado por el ministro de Comercio e Industrias e integrado por los titulares de Ambiente y Economía. Su mandato abarca las dimensiones técnicas, económicas y ambientales de Cobre Panamá.
Reforestación y restauración, entre los pendientes
El Ministerio de Ambiente sostiene que sus equipos verifican directamente si la compañía operadora está atendiendo los hallazgos identificados en auditorías anteriores. La revisión se concentra especialmente en la reforestación, la restauración ecológica y la gestión de residuos, ámbitos que requieren resultados comprobables y no únicamente la presentación de documentos administrativos.
De acuerdo con el seguimiento oficial, todavía están pendientes 7.375 hectáreas de reforestación fuera de la huella del proyecto y otras 3.100 hectáreas dentro de ella. El ministerio exige que esas obligaciones se cumplan mediante reforestación directa o compensación monetaria, siempre bajo criterios técnicos y con validación en campo.
La restauración ambiental, según las autoridades, no se limita a la plantación de árboles. La empresa debe demostrar que las medidas para controlar la erosión y los sedimentos funcionan, que la calidad del agua se mantiene dentro de parámetros aceptables y que los ecosistemas acuáticos muestran señales verificables de recuperación. También se contempla la creación de corredores destinados a facilitar el desplazamiento de la fauna.
Para evaluar esos avances, el Estado plantea el uso de indicadores específicos, metas cuantificables y visitas periódicas al sitio. Este enfoque busca diferenciar entre acciones anunciadas y resultados ambientales efectivos, una distinción relevante en un proyecto de gran escala cuya infraestructura y áreas intervenidas continúan bajo observación aun después del cese de la extracción.
Los riesgos que siguen bajo revisión
La vigilancia también abarca incumplimientos históricos relacionados con el drenaje ácido, la erosión y la disposición de llantas usadas. Entre los asuntos examinados figuran además el sistema de conducción de relaves, las descargas de aguas, la reutilización de aguas tratadas y la capacidad de almacenamiento de las pozas de contacto.
Algunos de estos temas ya han sido objeto de procesos administrativos y sanciones. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente reconoce que persisten correcciones que deben ser demostradas. La existencia de sanciones, por sí sola, no acredita la solución de un problema ambiental: la institución sostiene que debe comprobar en el terreno que las medidas adoptadas reducen los riesgos y se mantienen operativas.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que el cierre de la mina no elimina la obligación de vigilancia. “No basta con que la mina esté cerrada. Nuestra obligación es estar ahí, con ciencia y con rigor, verificando cada compromiso y exigiendo que se corrija lo que haga falta”, declaró.
Una decisión pendiente y una presencia prolongada
La posición del Gobierno sitúa la discusión sobre Cobre Panamá en dos planos vinculados, pero distintos. Por un lado, permanece abierta la definición sobre el destino definitivo del proyecto y sus implicaciones económicas. Por otro, existe una agenda ambiental inmediata que debe atenderse independientemente de que la mina vuelva a operar o permanezca cerrada.
La presencia estatal responde precisamente a esa separación. Mientras se estudian los resultados de la auditoría y las alternativas para el área, la empresa continúa sujeta al cumplimiento de compromisos ambientales pendientes. La administración panameña afirma que mantiene comunicación formal con la compañía y que exige la corrección de cada hallazgo antes de considerar concluida la supervisión.
El proceso enfrenta, por tanto, una exigencia doble: preservar el control ambiental en una zona de alta sensibilidad y aportar información técnica suficiente para cualquier decisión futura. Para el Gobierno, la vigilancia deberá continuar sin interrupciones hasta que las medidas correctivas sean efectivas, verificables y compatibles con la protección de los ecosistemas de Donoso.
