Los datos del Inegi correspondientes a 2024 revelan un cambio estructural en el sistema de justicia para adolescentes en México. El narcomenudeo se convirtió en la principal causa de ingreso a centros de internamiento, representando dos de cada diez casos y superando al robo que había encabezado la lista durante siete años consecutivos. El homicidio ocupa el segundo lugar con 16.6 por ciento, seguido de cerca por delitos relacionados con armas y explosivos en 15.2 por ciento. Este reacomodo no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la creciente integración de menores en las cadenas de distribución de drogas controladas por organizaciones criminales.
El aumento de imputaciones también es notable. Durante 2024 las fiscalías estatales registraron 35 mil 193 adolescentes de entre 12 y 17 años señalados por presuntos delitos, un incremento de 7.1 por ciento respecto al año anterior y de 55.4 por ciento frente a 2021. Al mismo tiempo, las carpetas de investigación muestran que las lesiones desplazaron al robo como el ilícito más frecuente atribuido a menores, con 23.5 por ciento del total.
Reclutamiento y vulnerabilidad estructural
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México estiman que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser incorporados a estructuras delictivas. Los factores que alimentan esta exposición incluyen pobreza, abandono escolar, violencia familiar y la presencia territorial de grupos armados. La venta de drogas se ha convertido en una de las tareas de menor riesgo para los reclutadores porque las penas aplicables a menores son considerablemente más bajas que las que enfrentan adultos. Esta lógica de costo-beneficio explica por qué el narcomenudeo ha ganado peso tanto en las carpetas de investigación como en los ingresos a internamiento.
Las mujeres presentan una concentración aún más alta de narcomenudeo dentro de los ingresos a centros estatales: tres de cada diez casos. Entre los hombres la proporción es menor, pero sigue siendo la primera causa con 18.6 por ciento. Este patrón indica que las redes criminales están ampliando el espectro de roles asignados a menores de ambos sexos, más allá de las funciones tradicionalmente asociadas a varones.
El mercado ilegal de cannabis y la brecha regulatoria
El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la UNODC confirma que el cannabis ilegal producido en México continúa compitiendo con ventaja en precio y potencia frente a los mercados regulados de Canadá y Estados Unidos. El costo de cultivar un gramo en México ronda los 50 centavos de dólar, frente a cinco dólares en Estados Unidos. Esta diferencia permite que la oferta clandestina mantenga cuota de mercado incluso después de la legalización en los países vecinos. La ausencia de un marco comercial con trazabilidad nacional en México ha dejado un vacío que las organizaciones criminales aprovechan para abastecer tanto el consumo interno como rutas de exportación hacia Europa.
Los puertos de Países Bajos registraron en 2025 decomisos de cannabis de origen norteamericano que cuadruplicaron los del año anterior. Parte de esa mercancía presenta características de producción fuera de controles sanitarios, lo que apunta directamente a cultivos mexicanos. La falta de regulación genera además un problema de calidad que expone a consumidores a productos sin verificación de cannabinoides ni límites de contaminantes.
Perspectivas de los distintos actores
Desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, el incremento de internamientos por narcomenudeo refleja el fracaso de políticas de prevención que no han logrado reducir la exposición de menores a entornos delictivos. La Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano subrayan que las medidas punitivas por sí solas no modifican las condiciones estructurales de pobreza y abandono que facilitan el reclutamiento. Por otro lado, representantes de la industria cannábica legal argumentan que la ausencia de un mercado regulado en México fortalece el circuito ilegal y genera incertidumbre jurídica tanto para turistas como para productores potenciales. Durante el proceso preparatorio del Mundial de Fútbol 2026, la organización Revolución con Flores advirtió que 29 por ciento de los viajeros estadounidenses manifiesta interés en actividades relacionadas con cannabis, proporción que llega al 50 por ciento entre millennials. La falta de protocolos y capacitación deja a estos visitantes expuestos al mercado informal.
Las autoridades estatales, por su parte, enfrentan un incremento súbito de casos en algunas entidades. Veracruz pasó de 145 imputados en 2023 a 852 en 2024, el mayor escalamiento registrado en el país. Esta variación regional sugiere que la dinámica delictiva no es homogénea y requiere respuestas diferenciadas por entidad federativa.
Tendencias y riesgos proyectados
De mantenerse el ritmo actual de imputaciones, el número de adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal podría superar los 40 mil casos anuales antes de 2028. La tasa nacional ya alcanzó 259.3 casos por cada 100 mil habitantes de 12 a 17 años. Si el Mundial de 2026 atrae flujos adicionales de turistas interesados en cannabis, la presión sobre el mercado ilegal podría intensificarse, elevando tanto el reclutamiento de menores como los riesgos sanitarios asociados al consumo de productos sin control.
Otro riesgo latente es el incremento de la población sin sentencia. Al cierre de 2024, 33.1 por ciento de los adolescentes en internamiento carecía de resolución de su caso, el porcentaje más alto del periodo 2017-2024. Esta situación prolonga la privación de libertad de forma cautelar y dificulta la reinserción. La combinación de mayor demanda de cannabis, vacíos regulatorios y debilidades en los sistemas de atención a la infancia configura un escenario en el que el narcomenudeo podría consolidarse como la principal vía de ingreso de menores al sistema penitenciario durante los próximos años, a menos que se implementen políticas integrales que aborden simultáneamente la oferta ilegal, la prevención y la justicia restaurativa.
