Los presidentes del Mercosur expresaron este martes su apoyo firme al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y condenaron cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad democrática del país. La declaración surgió durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Luque, Paraguay, donde los mandatarios regionales manifestaron “profunda preocupación por la situación humanitaria” tras cincuenta días de bloqueos y protestas.
El conflicto, que comenzó el 6 de mayo, generó escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades bolivianas. Las cifras oficiales reportan al menos dieciséis fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los cortes de ruta. Frente a este escenario, los líderes del bloque regional coincidieron en que el diálogo constituye la única vía legítima para resolver las diferencias políticas y sociales.
Posición unánime del bloque
La declaración fue suscrita por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast. El canciller argentino Pablo Quirno firmó en representación de Javier Milei, quien canceló su asistencia. El texto enfatiza el “pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional” de Bolivia y rechaza expresamente “toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática”.
Esta postura refleja una preocupación compartida por la fragilidad institucional en la región. Los mandatarios recordaron que los bloqueos prolongados no solo afectan la economía sino que erosionan la confianza en las instituciones. Al mismo tiempo, el documento evita pronunciarse sobre las causas profundas del descontento social, limitándose a exhortar a todos los actores a canalizar sus diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas democráticas.
Reacciones internas y contexto judicial
En paralelo a la cumbre, el propio Rodrigo Paz vinculó la reciente amenaza de paro de jueces con las prácticas del Movimiento al Socialismo (MAS) durante las dos últimas décadas. Durante un encuentro con periodistas en Asunción, el mandatario boliviano sostuvo que “amenazas de paro y bloqueos son del pasado” y que el diálogo y la concertación representan “la modernidad” y “el siglo XXI”. El Órgano Judicial había aprobado en Sucre una resolución exigiendo incremento presupuestario y aprobación de leyes pendientes, advirtiendo con suspender funciones si no obtenía respuesta favorable.
El vocero presidencial José Luis Gálvez calificó la advertencia judicial como “inaudita” y acusó a los magistrados de actuar como “sindicaleros”. Paz recordó además el “gran acuerdo nacional” alcanzado en Cochabamba, del que surgieron varias normas que aún esperan tratamiento legislativo. Esta tensión entre Ejecutivo y Poder Judicial añade un nuevo frente de conflicto institucional que podría complicar la gobernabilidad en los próximos meses.
Implicaciones regionales
El respaldo del Mercosur a Paz ocurre en un momento en que varios países de la región enfrentan protestas sociales y demandas de mayor inclusión. La decisión de Uruguay de asumir la presidencia semestral del bloque al cierre de la cumbre añade un elemento de continuidad institucional. Sin embargo, la efectividad de la declaración dependerá de la capacidad de los actores bolivianos para traducir el llamado al diálogo en acuerdos concretos que aborden tanto las demandas presupuestarias del Poder Judicial como las necesidades de los sectores que protagonizaron los bloqueos.
La experiencia de los últimos años muestra que las crisis bolivianas tienden a tener efectos de contagio en los países vecinos, especialmente en materia de abastecimiento energético y flujos migratorios. Por ello, el pronunciamiento del Mercosur no solo busca estabilizar el presente, sino también prevenir escenarios de mayor deterioro que podrían afectar la integración regional en su conjunto.
