La promulgación de la Ley del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México el 2 de julio de 2026 representa un punto de inflexión en el reconocimiento jurídico del trabajo doméstico y de cuidados. Para comprender su alcance resulta indispensable revisar las condiciones estructurales que precedieron a esta norma y proyectar las consecuencias que podría generar en el mediano y largo plazo tanto en la capital como en el resto del país.
Antecedentes del trabajo de cuidados en México
Durante décadas el cuidado de niños, personas mayores y con discapacidad permaneció invisible para las políticas públicas. Según datos del INEGI de 2022, las mujeres mexicanas dedicaban en promedio 39.5 horas semanales a labores no remuneradas de cuidado, frente a 16.7 horas de los hombres. Esta brecha se originó en patrones culturales arraigados que asignaban el espacio doméstico casi exclusivamente a las mujeres, reforzados por la ausencia de infraestructura pública suficiente. La ratificación del Convenio 189 de la OIT en 2021 obligó al Estado mexicano a comenzar a visibilizar estas tareas, pero la implementación avanzó de forma desigual entre entidades federativas.
En la Ciudad de México, iniciativas previas como los programas de estancias infantiles y centros de día para adultos mayores operaban de manera fragmentada. Cada dependencia manejaba sus propios criterios de acceso y presupuesto, sin coordinación centralizada. Esta dispersión generó duplicidades y, sobre todo, brechas de cobertura que dejaban fuera a millones de hogares de ingresos medios y bajos.
El principio de desmercantilización y sus raíces conceptuales
La nueva ley incorpora explícitamente el principio de desmercantilización, que busca sustraer los servicios de cuidado del mercado para garantizarlos como derecho universal. Esta noción tiene origen en debates europeos de los años noventa y fue adaptada por académicas latinoamericanas que observaron cómo la mercantilización del cuidado profundizaba desigualdades de género y clase. Al establecer que los servicios públicos deben ser gratuitos y accesibles sin importar capacidad económica, la Ciudad de México se alinea con experiencias como las de Uruguay y Costa Rica, donde sistemas similares han reducido la carga de tiempo de las mujeres en un 18 % promedio tras cinco años de operación.
Impacto en la pobreza de tiempo y la participación laboral
El IMCO estima que más de tres millones de personas en la capital realizan trabajo no remunerado de cuidados. Al ampliar la cobertura de servicios públicos, la ley podría liberar entre 10 y 15 horas semanales por persona. Esta ganancia de tiempo se traduciría en mayor participación educativa y laboral, especialmente entre mujeres de 25 a 45 años, grupo que históricamente ha abandonado o reducido su jornada laboral por responsabilidades de cuidado. Un estudio del Banco Mundial aplicado a programas similares en Chile mostró que cada hora adicional de cuidado público incrementa la probabilidad de empleo formal femenino en 2.3 puntos porcentuales.
Efectos económicos agregados
La creación de empleos formales en el sector cuidados representa otro vector de impacto. La ley obliga a las alcaldías y dependencias a contratar personal capacitado, lo que podría generar entre 40 000 y 60 000 nuevos puestos en cinco años según proyecciones del propio IMCO. Estos empleos, mayoritariamente ocupados por mujeres, tendrían acceso a seguridad social y prestaciones, reduciendo la informalidad que caracteriza al 78 % del trabajo doméstico actual. Sin embargo, el financiamiento progresivo establecido en la norma requerirá incrementos presupuestales anuales que competirán con otras prioridades fiscales de la entidad.
Desafíos de coordinación institucional
Más de 40 autoridades adquieren obligaciones bajo la nueva legislación. La ausencia de mecanismos explícitos de ejecución presupuestal compartida y sanciones por incumplimiento plantea riesgos reales de fragmentación. En la práctica, dependencias con mayor capacidad administrativa podrían avanzar más rápido, mientras que alcaldías con menores recursos queden rezagadas. Esta asimetría podría reproducir desigualdades territoriales dentro de la misma ciudad, especialmente entre demarcaciones del sur y el norte.
Repercusiones a largo plazo en el modelo de Estado de bienestar
Si la implementación logra consolidarse, la Ciudad de México podría convertirse en referente nacional para una reforma más amplia del sistema de cuidados. La experiencia acumulada serviría de insumo para una eventual ley federal que incorpore criterios de cofinanciamiento y estándares mínimos de calidad. A escala regional, el reconocimiento del cuidado como responsabilidad compartida entre Estado, empresas y familias modifica el contrato social implícito que ha regido las relaciones de género en México durante el último siglo. El verdadero éxito de la norma dependerá, no obstante, de la capacidad política para sostener el financiamiento y la coordinación más allá de los ciclos electorales.
