El senador Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado de la República y negó que vaya a colaborar como testigo protegido de Estados Unidos en el proceso por narcotráfico en el que es señalado junto con otros funcionarios, entre ellos presuntamente el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En su primera aparición pública en 124 días, calificó las acusaciones como “calumnias” y como un “instrumento de guerra judicial”.
Inzunza figura entre diez funcionarios acusados de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, organización que fue liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la justicia estadounidense solicita su captura y extradición.
Durante una conferencia de prensa, el legislador rechazó de manera expresa la posibilidad de recibir protección de autoridades estadounidenses a cambio de aportar información. “Es otra de las tantas mentiras que se han dicho”, sostuvo. “Jamás, ni lo tendré nunca”, añadió al referirse a ese eventual beneficio.
El senador afirmó que confía en las instituciones mexicanas y defendió una postura de soberanía nacional. “Soy un mexicano convencido de sus instituciones, soy un soberanista”, declaró ante medios de comunicación.
La reaparición de Inzunza ocurre después del reinicio de los trabajos legislativos tras el receso del Senado. Morena, partido al que pertenecían tanto Inzunza como Rocha Moya, no respaldó su reincorporación a la bancada. El legislador dejó el grupo parlamentario, aunque conserva su cargo de senador y el fuero asociado a esa función.
Rocha Moya, por su parte, enfrenta un escenario político distinto. El gobernador de Sinaloa pidió una primera licencia el 1 de mayo para participar en la investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el caso. El 21 de agosto intentó retomar el cargo de forma sorpresiva, pero posteriormente solicitó una nueva licencia de carácter indefinido.
Según la información disponible, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena impulsaron que Rocha Moya permaneciera separado del puesto, en principio hasta la conclusión del mandato estatal en 2027. Ambos políticos militaron en Morena, partido que también encabezaron Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso se desarrolla en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde dos facciones del cártel sostienen una confrontación que ha dejado miles de muertos. La acusación contra Inzunza y otros funcionarios se mantiene como uno de los frentes judiciales y políticos vinculados a esa crisis de seguridad.
