Costa Rica enfrenta en 2026 un repunte de hepatitis A que ya dejó de ser una variación estadística menor. Hasta la semana epidemiológica 32, el país acumuló 772 casos confirmados, más del doble de los 373 contabilizados durante todo 2025. La magnitud adquiere una dimensión territorial muy marcada: 562 diagnósticos corresponden a la provincia de San José, equivalente al 72,8% del total nacional. El dato no describe una propagación homogénea, sino una concentración urbana en la que confluyen movilidad intensa, contactos estrechos, desigualdades sanitarias y problemas intermitentes en la calidad o continuidad del agua.
El Ministerio de Salud califica el comportamiento como endémico, con picos periódicos, una definición que evita presentar el aumento como un fenómeno completamente inesperado. Sin embargo, que el patrón sea conocido no reduce su importancia. La hepatitis A se transmite principalmente por la vía fecal-oral, mediante agua o alimentos contaminados y por contacto directo. Cuando los casos se multiplican en zonas densamente pobladas, la enfermedad funciona también como un indicador de la capacidad de una ciudad para sostener condiciones básicas de saneamiento, detectar cadenas de transmisión y actuar antes de que el contagio alcance espacios colectivos.
La distribución provincial refuerza esa lectura. Después de San José aparecen Cartago, con 61 casos; Alajuela, con 60; Heredia, con 46; Limón, con 17; Guanacaste, con 14, y Puntarenas, con 12. La Gran Área Metropolitana concentra buena parte de los registros, pero la cifra de San José sobresale incluso dentro de ese corredor urbano. No basta, por tanto, con atribuir el aumento a la mayor población de la provincia. La concentración exige comparar barrios, redes de abastecimiento, prácticas de manipulación de alimentos, acceso a servicios de salud y patrones de movilidad.
El número nacional oculta una geografía mucho más desigual
El primer hallazgo relevante es que el brote no se distribuye según una simple relación demográfica. San José reúne casi tres de cada cuatro casos, mientras varias provincias registran cifras considerablemente menores. Esa diferencia puede reflejar una combinación de factores: mayor densidad residencial, circulación diaria de personas entre cantones, mayor capacidad diagnóstica en el área metropolitana y la presencia de comunidades donde los servicios de agua y saneamiento presentan interrupciones.
La vigilancia epidemiológica también puede influir en la imagen del mapa. Allí donde existen más centros médicos, laboratorios y notificación obligatoria, es probable que se identifiquen más casos. Pero esa explicación tiene un límite: no puede convertir por sí sola 562 diagnósticos en un fenómeno administrativo. El incremento observado en distritos específicos y la confirmación de brotes localizados muestran que existe transmisión real, aunque el tamaño exacto de las cadenas pueda estar condicionado por la capacidad de detección.
Esta distinción es decisiva para las autoridades. Si el aumento se interpreta únicamente como una mejora del registro, se corre el riesgo de subestimar la urgencia de intervenir en los barrios más afectados. Si, en el extremo contrario, cada diagnóstico se atribuye automáticamente a una fuente común de contaminación, pueden adoptarse medidas costosas o estigmatizantes sin evidencia suficiente. La respuesta eficaz necesita combinar investigación de campo, análisis de vínculos epidemiológicos y datos sobre agua, alimentos y condiciones habitacionales.
El perfil por edades añade otra señal. De los 772 casos, 601 corresponden a personas de entre 20 y 64 años, 111 a quienes tienen entre 10 y 20 años, 31 a mayores de 65, 26 a niños de uno a 10 años y tres a menores de un año. Los adultos en edad laboral representan el 77,8% de los diagnósticos. Esa proporción desplaza la mirada tradicional sobre la hepatitis A como un problema predominantemente infantil y obliga a revisar cómo se está transmitiendo el virus en comunidades donde la población adulta mantiene contactos diarios en trabajos, transporte público, comercios y centros educativos.
El boletín advierte, además, que adolescentes y adultos jóvenes tienen mayor probabilidad de desarrollar ictericia y cuadros sintomáticos con complicaciones. La edad no determina por sí sola la gravedad, pero sí cambia la visibilidad del brote: una infección que puede pasar inadvertida en algunos niños puede producir en adultos síntomas que exigen consulta médica, pruebas de laboratorio y ausencias laborales. La mayor presencia de diagnósticos entre adultos puede ser, al mismo tiempo, una expresión de transmisión reciente y de una detección más clara de los casos sintomáticos.
Barrio Cuba y Cristo Rey convierten el brote en una prueba local
El distrito Hospital, en San José, ofrece la evidencia más concreta del cambio. Hasta el cierre de la semana epidemiológica 31 se confirmaron 70 casos por laboratorio, frente a 15 en 2024 y uno en 2025. La incidencia acumulada estimada llegó a 287,1 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que permite dimensionar la intensidad local mejor que el total nacional. El crecimiento comenzó en la semana 20 y se concentró especialmente entre las semanas 26 y 29.
Los casos se ubican sobre todo en Barrio Cuba y Cristo Rey, seguidos por El Pochote y Barrio Los Ángeles. La distribución espacial apunta a un problema que debe investigarse a escala de comunidad y no solo de provincia. Cuando los contagios se agrupan en vecindarios concretos, las preguntas operativas son inmediatas: ¿existen interrupciones recurrentes del agua?, ¿cómo se almacenan los alimentos y el agua en los hogares?, ¿hay establecimientos que atienden a numerosas personas?, ¿qué grado de contacto existe entre residentes, trabajadores y estudiantes?
La composición del brote también es significativa. La mayor afectación se observa entre personas de 20 a 34 años y los hombres representan el 71,4% de los casos. Ese predominio no demuestra que el sexo sea un factor biológico de transmisión. Puede estar relacionado con ocupaciones, rutinas de movilidad, lugares de reunión o patrones distintos de búsqueda de atención. Convertir la proporción en una explicación automática sería un error; utilizarla para orientar entrevistas epidemiológicas y acciones de prevención sí resulta razonable.
Hasta ahora, las autoridades reportan que no hubo hospitalizaciones ni muertes vinculadas con el brote del distrito Hospital. Ese dato es relevante, pero no debe emplearse como argumento para minimizarlo. La ausencia de desenlaces graves indica que el sistema no enfrenta, por ahora, una presión hospitalaria comparable con la de otras emergencias sanitarias. No significa que el costo social sea bajo: los pacientes pueden requerir aislamiento, seguimiento clínico, pruebas, licencias laborales y medidas de desinfección en hogares o centros de trabajo.
Hatillo revela la diferencia entre confirmar casos y controlar una cadena
En Hatillo se notificaron 91 casos; 68 estaban confirmados y 23 permanecían pendientes de resultados. El aumento se concentra en Sagrada Familia, Hatillo 1 y Colonia 15 de Setiembre. La brecha entre casos notificados y confirmados constituye uno de los puntos críticos de la respuesta: mientras las pruebas están pendientes, las autoridades deben decidir medidas preventivas con información incompleta. Esperar la confirmación de cada paciente puede retrasar la interrupción de la cadena; actuar sin criterios claros puede generar alarma y utilizar recursos de manera ineficiente.
La investigación detectó algunos cuadros de transmisión intrafamiliar, pero la mayoría de los pacientes no tiene un vínculo epidemiológico comprobado entre sí. Esta circunstancia abre una discusión central. Una parte de los contagios podría estar ocurriendo en hogares, donde compartir baños, alimentos, utensilios o espacios reducidos facilita el contacto. Otra parte podría responder a exposiciones comunes que todavía no han sido identificadas. También es posible que existan cadenas múltiples y de baja intensidad, difíciles de reconstruir cuando la persona infectada no recuerda todos sus desplazamientos o cuando el diagnóstico ocurre después del periodo de mayor contagiosidad.
El tercer foco se localiza en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados, con 17 casos confirmados, ocho en Aserrí y siete en San Juan de Dios según el reporte, mientras la información restante no modifica la señal principal: se trata de un brote de menor tamaño y con descenso en las últimas semanas. Tampoco se registraron internaciones ni fallecimientos. La reducción es alentadora, pero todavía no equivale a control definitivo. En enfermedades con periodos de incubación prolongados, el descenso de los diagnósticos puede anticipar el fin de una cadena o reflejar un retraso entre infección, síntomas y notificación.
El agua aparece como infraestructura sanitaria, no como simple servicio
El segundo punto de análisis está en la relación entre la hepatitis A y el suministro de agua. El boletín menciona cantones con problemas intermitentes de calidad o continuidad del servicio, sin establecer que una única red contaminada sea el origen de todos los casos. Esa cautela es necesaria. No obstante, la combinación entre transmisión fecal-oral, interrupciones del abastecimiento y brotes en barrios concretos justifica tratar el agua como una variable epidemiológica prioritaria.
La continuidad importa tanto como la calidad. Cuando el servicio se interrumpe, los hogares suelen almacenar agua durante más tiempo y en recipientes cuya limpieza no siempre está garantizada. Si el suministro retorna con presión irregular o si una persona contaminada manipula los recipientes, una falla temporal puede convertirse en una exposición repetida. Por eso, repartir recomendaciones de lavado de manos sin resolver los obstáculos materiales tiene un efecto limitado: la higiene depende de que haya agua segura disponible, jabón y condiciones para mantenerlos.
La responsabilidad, además, no recae en un solo actor. El Ministerio de Salud debe coordinar la vigilancia, confirmar casos y ordenar medidas sanitarias; los operadores de agua deben asegurar controles y comunicar incidentes; municipalidades y centros educativos deben sostener protocolos de limpieza; los comercios de alimentos necesitan revisar la manipulación y capacitar a su personal. La controversia probable surgirá cuando se intente determinar si un brote se originó en una falla de infraestructura, en prácticas individuales o en un establecimiento concreto. Sin datos trazables y comunicación transparente, la investigación puede transformarse en una disputa de responsabilidades.
La economía cotidiana también absorbe el costo del brote
El impacto sobre el sector salud es solo una parte de la ecuación. Con 601 casos entre personas de 20 a 64 años, el brote alcanza a la población que sostiene buena parte de la actividad económica. Comercios, restaurantes, escuelas, centros de cuido y empresas pueden enfrentar ausencias, necesidad de reemplazos y protocolos adicionales. En establecimientos de alimentación, una sospecha de contaminación puede afectar la confianza de los consumidores incluso cuando no se pruebe una fuente específica.
Para los hogares de menores ingresos, el costo de una infección puede ser más alto. Una persona enferma puede perder jornadas laborales, asumir gastos de transporte y atención, y dedicar tiempo al cuidado de otros familiares. Si además vive en una zona con suministro irregular, debe invertir recursos en agua embotellada, recipientes de almacenamiento o productos de limpieza. La enfermedad, en ese contexto, no solo refleja desigualdad sanitaria: puede profundizarla.
Las escuelas y centros de cuido ocupan una posición delicada. Son espacios donde el contacto es intenso y donde las medidas deben proteger a los menores sin producir exclusión innecesaria. La suspensión generalizada de actividades sería una respuesta desproporcionada si no existe evidencia que la justifique, pero ignorar casos confirmados o fallas de higiene puede ampliar la transmisión. La clave está en la notificación temprana, la limpieza efectiva de superficies, el acceso a baños funcionales y la orientación clara a familias y trabajadores.
La próxima fase dependerá de la calidad de la información
El comportamiento endémico descrito por el Ministerio de Salud sugiere que Costa Rica no enfrenta necesariamente un episodio aislado, sino una enfermedad capaz de reaparecer con picos periódicos. El total de 2026 podría seguir aumentando en las semanas restantes, aunque no es posible proyectar una cifra final a partir de los datos disponibles. Tampoco sería prudente asumir que el descenso observado en Aserrí y San Juan de Dios se repetirá automáticamente en Hospital o Hatillo.
Una tendencia plausible es la consolidación de una vigilancia más focalizada en barrios, no solo en provincias. Los mapas de casos, la información sobre interrupciones del agua y los resultados de las investigaciones de campo pueden permitir identificar patrones antes de que los brotes crezcan. Esa estrategia exige rapidez en los laboratorios y criterios públicos para diferenciar casos sospechosos, notificados y confirmados. La demora diagnóstica de Hatillo muestra cuánto puede cambiar la lectura de un foco cuando 23 resultados todavía están pendientes.
También es previsible una mayor presión para discutir políticas preventivas de largo plazo, incluida la vacunación en grupos definidos por riesgo o por contexto epidemiológico, siempre sobre la base de evaluaciones técnicas y disponibilidad de recursos. El boletín citado no anuncia una modificación de la política nacional, por lo que cualquier debate en esa dirección debe distinguir entre una opción de salud pública y una reacción inmediata a los titulares. La prevención sostenida, la seguridad del agua y la respuesta rápida suelen ser más decisivas que una medida aislada aplicada sin seguimiento.
El riesgo principal no es únicamente que aumente el número de casos. También existe el peligro de que el brote se normalice por la ausencia de hospitalizaciones y muertes, o de que se estigmaticen barrios como Barrio Cuba, Cristo Rey, Sagrada Familia o Hatillo 1. La estigmatización puede hacer que las personas oculten síntomas, eviten comunicar contactos o retrasen la consulta, debilitando precisamente la vigilancia que se necesita. Otro riesgo es fragmentar la respuesta entre instituciones: sin una línea común de datos y responsabilidades, las acciones pueden concentrarse en desinfectar después de cada caso mientras permanecen intactas las condiciones que permiten nuevas transmisiones.
La cifra nacional de 772 casos es, por tanto, una alerta sanitaria y una prueba de gestión urbana. Costa Rica todavía cuenta con margen para contener los focos, porque no se reportan hospitalizaciones ni fallecimientos en los principales brotes descritos y algunos registros muestran una disminución reciente. Pero ese margen depende de que las autoridades conviertan la notificación obligatoria en inteligencia operativa: localizar las cadenas, verificar el agua, fortalecer los laboratorios, proteger a las comunidades afectadas y comunicar sin simplificaciones. El desafío consiste en impedir que un aumento concentrado en San José se transforme en una sucesión de brotes sostenidos en el resto del país.
