La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del ex presidente municipal Carlos Manzo, reiteró que el asesinato de su esposo constituye un crimen de Estado y criticó la falta de avances en la investigación sobre los autores intelectuales. Han transcurrido ocho meses desde el atentado ocurrido en noviembre de 2025, y según Quiroz, las autoridades solo han detenido a quienes participaron de manera directa en los hechos, sin profundizar en quiénes ordenaron el ataque.
En un mensaje publicado en Facebook, la alcaldesa señaló que durante este período únicamente se han registrado “cortinas de humo” que desvían la atención del interés real por esclarecer la autoría intelectual. “A nadie le importa investigar de verdad quién mandó a matar a Manzo”, escribió Quiroz, quien añadió que su esposo se convirtió en un caso más de impunidad por confrontar al sistema y la corrupción.
Quiroz extendió su reflexión a millones de mexicanos que han perdido familiares en circunstancias similares. Mencionó el trabajo de las madres buscadoras, quienes enfrentan críticas y represión en lugar de apoyo institucional, y subrayó que muchas carpetas de investigación permanecen sin resolver. Estas declaraciones se producen en un contexto de elevada violencia en Michoacán, donde Uruapan ha registrado múltiples incidentes vinculados al crimen organizado en los últimos años.
Cronología de las acusaciones
El 1 de febrero de 2026, Quiroz señaló directamente a tres funcionarios como presuntos responsables intelectuales: Ignacio Campos Equihua, el senador de Morena Raúl Morón y el ex gobernador Leonel Godoy. Según la alcaldesa, estos nombres surgieron de información que ella misma entregó a las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos formales contra ellos.
En junio de 2026, tanto Morón como Godoy comparecieron ante la Fiscalía General de Michoacán como testigos. Morón declaró que no encontraba justificación para su citatorio y negó cualquier vínculo con el caso. Godoy, por su parte, afirmó que la carpeta de investigación carece de pruebas que acrediten su responsabilidad. Estas comparecencias se limitaron a la calidad de testigos y no derivaron en imputaciones adicionales.
El avance de la investigación judicial
La Fiscalía de Michoacán ha informado que se han realizado detenciones de personas vinculadas directamente al atentado, aunque no ha revelado detalles sobre el posible móvil ni sobre la cadena de mando. Esta situación genera dudas sobre la exhaustividad del proceso, especialmente cuando la víctima era un funcionario público que había denunciado públicamente la presencia del crimen organizado en su municipio.
Expertos en seguridad consultados de manera independiente señalan que los casos de homicidios contra autoridades locales suelen requerir investigaciones que aborden tanto la ejecución material como los posibles beneficios políticos o económicos que motivaron el crimen. La ausencia de avances visibles en la línea de autoría intelectual puede interpretarse como una señal de debilidad institucional, aunque también podría deberse a la complejidad de las redes criminales involucradas.
Implicaciones para la justicia en Michoacán
El caso de Carlos Manzo se inserta en una serie de agresiones contra servidores públicos en Michoacán, entidad que durante los últimos quince años ha enfrentado disputas territoriales entre grupos criminales. La declaración de Quiroz sobre un posible “crimen de Estado” introduce una dimensión política que trasciende el ámbito local y cuestiona la capacidad del gobierno estatal y federal para proteger a quienes enfrentan la corrupción.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido de forma detallada a las acusaciones de la alcaldesa. Esta falta de reacción pública contrasta con la visibilidad que ha adquirido el caso en redes sociales y medios nacionales. La tensión entre la versión de la familia y las declaraciones de los señalados refleja las dificultades que enfrenta el sistema de justicia mexicano cuando las víctimas pertenecen al ámbito político y las sospechas apuntan hacia otros actores del mismo espectro.
El desarrollo futuro de la investigación dependerá de la capacidad de la Fiscalía para integrar elementos probatorios que permitan avanzar más allá de los autores materiales. Mientras tanto, el reclamo de Grecia Quiroz mantiene abierto el debate sobre la transparencia y la independencia de los procesos judiciales en contextos de alta violencia.
