Barcelona, 1 jul (EFE). La Fiscalía ha solicitado siete años de internamiento en un centro de menores para un joven que tenía dieciséis años cuando, según la acusación, mató a puñaladas a otro de diecinueve durante una pelea en Castelldefels. El juicio está señalado para el 17 de septiembre y las partes no lograron ningún acuerdo de conciliación.
El escrito fiscal califica los hechos como homicidio y añade una petición de cuatro años de libertad vigilada una vez cumplida la medida de internamiento. Por su parte, los padres de la víctima, que ejercen la acusación particular, reclaman ocho años de internamiento por asesinato. La defensa, representada por el abogado Daniel Salvador, pide la absolución alegando legítima defensa.
Cronología de los hechos
Los hechos se produjeron sobre las 04:00 horas del 18 de julio de 2025 en la parada de autobús situada en la plaza Colom-Juan de la Cierva de Castelldefels. Según el relato del ministerio fiscal, el menor asestó dos puñaladas en la pierna izquierda y otra en la cadera de la víctima, causándole la muerte. El enfrentamiento tuvo su origen en una discusión verbal iniciada dentro del autobús nocturno N16 y que continuó en la parada.
La versión de la defensa, respaldada por las grabaciones de las cámaras del autobús incorporadas al expediente, sostiene que la víctima y un acompañante esperaron al menor fuera del vehículo para continuar el enfrentamiento. Según esta versión, ambos agredieron físicamente al menor hasta hacerlo caer al suelo, dejándolo en situación de completa indefensión. Fue entonces cuando el acusado, que portaba un sacacorchos de uso doméstico con una pequeña hoja afilada, se defendió clavando el objeto en la pierna de la víctima.
La defensa subraya que el menor no pudo prever que la lesión derivara en un shock hemorrágico con consecuencias fatales. El joven herido falleció posteriormente en el hospital. Tras los hechos, el acusado viajó a Turquía, país de origen de su familia. El 26 de enero de 2026 regresó voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y permanece desde entonces internado en un centro de menores.
Diferencias en la calificación jurídica
La discrepancia entre las partes radica fundamentalmente en la calificación de los hechos y en la valoración de la proporcionalidad de la respuesta del menor. Mientras la Fiscalía considera que se trata de un homicidio doloso, la acusación particular eleva la calificación a asesinato, lo que implica la concurrencia de alevosía o ensañamiento. La defensa, en cambio, sostiene que la actuación del menor respondió a una situación de legítima defensa ante una agresión física que lo dejó en el suelo sin capacidad de huida.
En el sistema de justicia juvenil español, la medida de internamiento se aplica cuando el tribunal considera que el menor representa un riesgo para sí mismo o para terceros y que la respuesta debe tener un componente educativo y de reinserción. La petición fiscal de siete años se sitúa en la franja alta de las medidas previstas para delitos graves cometidos por menores de dieciocho años.
Contexto procesal y próximos pasos
El caso llegó a la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Barcelona tras la emisión de una orden de detención europea e internacional. La coordinación entre la Fiscalía de Menores y la defensa permitió que el joven regresara de forma controlada, evitando así un proceso de extradición. Desde su regreso, permanece bajo la medida cautelar de internamiento, que será revisada por el tribunal durante la vista oral.
El juicio del próximo 17 de septiembre permitirá contrastar las diferentes versiones a través de las pruebas testificales, periciales y documentales, entre ellas las grabaciones del autobús. La resolución judicial determinará no solo la duración de la medida, sino también las condiciones de seguimiento posterior, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan periodos de libertad vigilada una vez finalizado el internamiento.
Este procedimiento pone de relieve las tensiones que surgen cuando se analiza la respuesta de un menor ante una agresión en un espacio público y la dificultad de establecer con precisión los límites entre la defensa legítima y el exceso en el uso de la fuerza, especialmente cuando el resultado es la muerte de otra persona.
