El proyecto de nueva ley antitabaco aprobado en julio por el Consejo de Ministros sitúa a España entre los países europeos que buscan ampliar las restricciones al consumo de tabaco y productos asociados. La norma, todavía pendiente de su tramitación y aprobación en las Cortes Generales, prevé prohibir fumar en playas y terrazas, equiparar legalmente los vapeadores al tabaco convencional y limitar la venta de estos productos a establecimientos especializados aún por definir.
La iniciativa del Ministerio de Sanidad también incorpora de forma expresa la prohibición de consumir tabaco a los menores de 18 años. Su aprobación parlamentaria no está asegurada, ya que los partidos que sostienen al Gobierno no cuentan con mayoría suficiente en el Congreso. El sector hostelero ha cuestionado el alcance de algunas medidas, mientras que el Ejecutivo las presenta como un refuerzo de la protección de la salud pública.
Alemania mantiene un marco descentralizado
El modelo alemán contrasta con el español por la amplia competencia de los estados federados y de las autoridades locales. No existe una prohibición nacional general para fumar en las playas: las restricciones dependen de cada municipio, de los gestores de los arenales o de la existencia de zonas declaradas libres de humo.
La comercialización tampoco se limita a estancos especializados. Los productos del tabaco y los cigarrillos electrónicos pueden venderse en supermercados, gasolineras y otros comercios que cumplan los requisitos legales. La principal restricción común es la protección de los menores: está prohibida la venta o el suministro a personas menores de 18 años, incluidos los vapeadores sin nicotina y las ventas por internet.
La regulación alemana también contempla requisitos de seguridad, envasado, advertencias sanitarias y publicidad. Fumar en el interior de hospitales y otros centros sanitarios suele estar prohibido por las leyes regionales, aunque no hay una distancia mínima estatal respecto a las entradas. Los propios centros pueden ampliar esas restricciones a sus espacios exteriores.
La Asociación Médica Alemana considera insuficiente el marco actual y ha reclamado mayores límites a la publicidad y comercialización, más fiscalidad sobre productos de tabaco y nicotina y un control más estricto de los cigarrillos electrónicos. Entre sus propuestas figuran prohibir fumar en vehículos cuando viajen menores o mujeres embarazadas y restringir las ventas en línea y en máquinas expendedoras.
Portugal y Francia endurecen el control de nuevos productos
Portugal reformó a finales de 2023 su Ley 37/2007, con normas en vigor desde enero de 2024 para adaptar la legislación a la directiva europea. La modificación equiparó los productos de tabaco calentado a los cigarrillos convencionales en materia de uso, restricciones y fiscalidad, y prohibió su venta cuando incorporen aromas o sabores característicos, como mentol, frutas o vainilla.
Los envases de tabaco calentado deben incluir ahora mensajes e imágenes disuasorias sobre los riesgos para la salud. Sin embargo, el Parlamento portugués rechazó parte de las medidas inicialmente planteadas por el Gobierno: siguió permitiendo la venta en gasolineras, cafeterías y máquinas expendedoras, y no aprobó una prohibición total de fumar en terrazas o en los perímetros exteriores de edificios públicos.
Francia se aproxima más al planteamiento que Sanidad pretende aplicar en España. Además de la prohibición en espacios cerrados abiertos al público, transportes colectivos, centros educativos, bibliotecas e instalaciones deportivas, desde el verano de 2025 la restricción alcanza parques y jardines públicos, playas, zonas exteriores de espera de viajeros y alrededores de centros escolares, bibliotecas e instalaciones deportivas.
La legislación francesa permite zonas reservadas para fumadores en determinados locales cerrados, siempre que estén aisladas, cuenten con ventilación independiente y no presten servicio. No pueden superar el 20% de la superficie del establecimiento ni los 35 metros cuadrados, y los menores tienen prohibido el acceso. El incumplimiento de las normas puede castigarse con multas de 135 euros, mientras que la venta de tabaco continúa autorizada, como actividad complementaria y bajo condiciones específicas, en algunos bares, restaurantes, gasolineras, prisiones y cuarteles.
