El Frente Renovador comenzó a transformar la expectativa en despliegue territorial. Aunque Sergio Massa todavía no confirmó si competirá en 2027 y mantiene una exposición pública acotada, su estructura bonaerense recibió autorización para trabajar con una hipótesis concreta: construir una candidatura competitiva dentro de una eventual PASO del peronismo. La señal no equivale a una postulación formal, pero sí modifica el comportamiento de dirigentes, intendentes, legisladores y referentes locales que necesitan definir con anticipación sus alianzas y espacios de poder.
La provincia de Buenos Aires es el escenario central de ese movimiento porque allí el massismo conserva una red propia de intendentes, concejales y legisladores, además de una identidad política diferenciada dentro de Fuerza Patria. En la Cuarta sección electoral, el espacio controla los municipios de General Pinto, Chacabuco y Rivadavia, y busca convertir a Junín en su principal objetivo. La senadora provincial Valeria Arata aparece como eventual candidata a intendenta frente a un municipio gobernado por el PRO, actualmente bajo la conducción de Pablo Petrecca y con Juan Fiorini como jefe comunal interino.
La candidatura que todavía no existe ya produce efectos
El dato político más relevante no es que Massa haya anunciado una campaña, porque no lo hizo. Es que su organización comenzó a comportarse como si la posibilidad de competir fuera suficientemente concreta para justificar inversiones, reuniones y acuerdos territoriales. Alexis Guerrera, diputado provincial y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, sostuvo en un plenario realizado en Junín que Massa necesitará “tener el territorio” si pretende participar de una disputa nacional que probablemente se defina en primarias con otros sectores del peronismo.
La lógica es conocida, pero adquiere una importancia particular en el actual contexto. Una candidatura presidencial no se sostiene únicamente con conocimiento público o con una plataforma programática; requiere fiscales, intendentes, legisladores, recursos, presencia municipal y capacidad para negociar listas. En una PASO, la estructura territorial también funciona como mecanismo de protección: permite garantizar boletas, movilización y representación durante el escrutinio. Por eso, el armado bonaerense puede ser leído como una condición previa para que Massa conserve abierta la opción presidencial, aunque todavía no haya tomado una decisión definitiva.
La conducción de esa estrategia combina dirigentes de larga confianza del exministro. Malena y Sebastián Galmarini, Guerrera, el diputado Rubén Eslaiman y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, aparecen como los principales operadores del espacio en la provincia. Su tarea no consiste solamente en promover el nombre de Massa, sino en medir fuerzas, identificar municipios disponibles y preservar la autonomía del Frente Renovador frente a las otras corrientes del peronismo.
La definición de candidaturas mediante PASO es, además, una forma de postergar el conflicto interno sin eliminarlo. Gobernadores, Massa, Máximo Kirchner y el senador Gerardo Zamora discutieron semanas atrás la conveniencia de sostener ese mecanismo en una reunión en el Hotel Emperador. En ese encuentro ya estaban implícitamente presentes dos posibles aspirantes: Axel Kicillof y Massa. La primaria permitiría canalizar esa competencia, pero también podría exponer una fractura si los participantes no aceptan reglas comunes o si alguno interpreta que la elección interna debe subordinarse a un acuerdo previo.
La provincia como plataforma y como campo de disputa
El massismo no está construyendo únicamente una eventual candidatura presidencial. Está intentando demostrar que posee una base política propia y que, por lo tanto, debe ser considerado como un actor con poder de negociación en cualquier esquema de unidad. Esa es la primera conclusión estratégica: la expansión provincial funciona como una herramienta para negociar la arquitectura nacional del peronismo.
La Cuarta sección es un caso ilustrativo. Sus 19 municipios y su perfil productivo la convierten en un territorio donde pesan la actividad agropecuaria, las pequeñas y medianas empresas y las demandas de infraestructura. El discurso de Guerrera sobre una Argentina que combine mercado, Estado, industria, energía, campo y familias trabajadoras no es casual. Busca recuperar un lenguaje de articulación productiva que identifique al massismo con la gestión, el diálogo sectorial y la reconstrucción económica, en contraste con una política organizada exclusivamente alrededor de liderazgos internos.
La Quinta sección ofrece una dimensión aún más significativa. Sus 27 municipios reúnen más de 1,3 millones de electores, equivalentes aproximadamente al 9,3% del padrón bonaerense. Los intendentes del Frente Renovador concluyeron que el espacio puede competir internamente en 14 distritos. Aunque esa estimación no garantiza victorias, revela una lectura precisa del poder local: el massismo pretende ser una fuerza capaz de definir candidaturas y no simplemente un socio que aporta dirigentes a listas encabezadas por otros sectores.
Los plenarios de la Tercera sección, realizados en Florencio Varela, y la reunión de intendentes de la Quinta en Maipú completan una secuencia de activación. La convocatoria de Juventud prevista para el 19 de septiembre puede aportar una señal adicional, especialmente si Massa participa. Ese mismo día, Kicillof cerrará un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. La coincidencia de ambos actos convierte la fecha en una prueba de visibilidad y capacidad de movilización para dos construcciones que todavía necesitan convivir dentro de un mismo espacio opositor.
El conflicto por las reelecciones revela algo más profundo
La disputa sobre las reelecciones indefinidas de intendentes es el principal indicador de que la relación entre el massismo y el gobernador Kicillof no se encuentra resuelta. Los legisladores del Frente Renovador anticiparon que no acompañarán modificaciones a la ley que limita a una sola reelección consecutiva el mandato de los jefes comunales. Esa norma fue impulsada por el propio espacio y constituye, para sus dirigentes, una definición institucional que no debería cambiarse por conveniencia coyuntural.
Malena Galmarini solicitó que el proyecto fuera enviado a la comisión de Reforma Política, que preside, pero la iniciativa permanece en la comisión de Legislación General, conducida por un senador identificado con el kicillofismo. La negativa a mover el expediente no es un detalle procedimental. En la práctica, el control de la comisión determina qué temas adquieren prioridad y cuáles quedan bloqueados. La disputa legislativa funciona así como una extensión de la negociación política por la sucesión bonaerense.
Para Kicillof y sus aliados, la reelección puede ser una condición para preservar gobiernos locales y sostener la cohesión de una red de intendentes. El gobernador cuenta dentro del MDF con jefes comunales que podrían aspirar a sucederlo, entre ellos Jorge Ferraresi, Julio Alak y Fernando Espinoza, además del ministro Gabriel Katopodis. Para esos dirigentes, modificar la ley permitiría reducir la incertidumbre y proteger acuerdos territoriales ya establecidos.
El massismo observa el problema desde otra perspectiva. Sus referentes sugieren que parte de esos intendentes se mantiene cerca de Kicillof porque recibió garantías sobre las reelecciones, pero que esa alineación podría debilitarse si el cambio legislativo no consigue los votos. La hipótesis es relevante porque convierte una cuestión institucional en una variable de realineamiento. Si los intendentes no pueden competir nuevamente, deberán elegir sucesores y tendrán incentivos para negociar con más de un sector, incluida la estructura de Massa.
Esta controversia también plantea un riesgo para la legitimidad del peronismo bonaerense. La discusión puede ser presentada como una defensa de la estabilidad de los gobiernos locales o como un intento de prolongar carreras políticas. La diferencia dependerá de si el debate se acompaña con argumentos sobre representación, alternancia y calidad institucional, o si queda reducido a un intercambio de ventajas entre dirigentes. Una reforma diseñada para resolver la supervivencia electoral de los intendentes podría generar costos reputacionales en una sociedad que ya expresa desconfianza hacia la dirigencia.
La Liga de Intendentes busca una tercera posición
En medio de la tensión entre el kicillofismo, La Cámpora y el massismo aparece la Liga de Intendentes, integrada por jefes comunales que procuran no quedar subordinados a ninguno de esos polos. Sus reuniones recientes con Máximo Kirchner y con Kicillof, y la posibilidad de un encuentro con Massa, muestran que el grupo intenta presentarse como un actor colectivo con credenciales propias.
Su existencia responde a una necesidad concreta. Los intendentes tienen intereses inmediatos que no siempre coinciden con los de las conducciones nacionales: obras, seguridad, recursos coparticipables, servicios públicos, empleo municipal y control de las listas locales. Una interna nacional puede ser útil para ordenar candidaturas, pero también puede poner en riesgo la autonomía con la que los jefes comunales administran sus distritos. Por esa razón, la Liga puede convertirse en un árbitro informal de la negociación bonaerense, siempre que consiga evitar la dispersión y sostener una posición común.
El encuentro con Massa, si finalmente se produce, tendrá un valor más político que electoral. No significará necesariamente que esos intendentes adhieran a una candidatura presidencial, pero sí que reconocen al exministro como interlocutor. Para el massismo, ese reconocimiento sería una señal de que su oficina de Avenida del Libertador continúa funcionando como punto de contacto entre sectores que no comparten una conducción única.
Un mensaje al gobernador desde la Justicia bonaerense
La intervención de la diputada Sofía Vanelli sobre las vacantes de la Suprema Corte bonaerense agregó otra capa de tensión. Hay cuatro cargos vacantes y, según el planteo citado, el Poder Ejecutivo no elevó pliegos desde 2019. Vanelli sostuvo que, dado el tiempo transcurrido y la cercanía del final del segundo mandato de Kicillof, sería conveniente que las ternas fueran enviadas por el próximo gobernador o gobernadora.
La declaración excede el debate institucional sobre la integración del máximo tribunal provincial. También constituye una señal de que el massismo no está dispuesto a concederle al gobernador el control exclusivo de las decisiones de cierre de su administración. La designación de jueces de la Corte tiene efectos que pueden extenderse mucho más allá de un período de gobierno, por lo que la demora puede ser interpretada como una disputa por la distribución futura de poder entre el Ejecutivo y la Legislatura.
Para el oficialismo provincial, la falta de acuerdos legislativos puede explicar la ausencia de pliegos. Para la oposición interna, en cambio, el argumento de la demora refuerza la idea de que no corresponde que un gobernador en el tramo final de su mandato configure por sí solo el tribunal. La controversia anticipa que la competencia entre Massa y Kicillof se desarrollará tanto en actos políticos como en comisiones legislativas y organismos institucionales.
Qué puede cambiar antes de 2027
La primera tendencia probable es una intensificación del armado territorial sin confirmación inmediata de la candidatura de Massa. Esa ambigüedad le permite conservar capacidad de negociación y observar la evolución de la economía, la imagen del gobierno de Javier Milei, la relación entre los gobernadores y la dinámica de la oposición. Pero también tiene un costo: cuanto más tarde defina, más difícil será construir una identidad electoral propia si otros sectores ocupan el espacio de la renovación peronista.
La segunda tendencia será la negociación sobre el formato de la unidad. Una PASO puede ordenar la competencia y otorgar legitimidad al vencedor, pero necesita reglas aceptadas por todos, financiamiento, fiscalización y un compromiso explícito de acompañamiento posterior. Si la primaria se convierte en una disputa destructiva, podría multiplicar el conflicto en lugar de resolverlo. Si no se realiza, los sectores con estructuras territoriales propias podrían considerar que fueron excluidos y competir por fuera o presionar mediante listas legislativas.
La tercera variable será la capacidad del massismo para convertir su presencia provincial en resultados verificables. Controlar municipios y contar con bancadas ofrece una base importante, pero no garantiza crecimiento. Junín será un caso de prueba: una candidatura competitiva en ese distrito mostraría que el Frente Renovador puede expandirse más allá de sus bastiones tradicionales. Del mismo modo, alcanzar acuerdos en los 14 municipios de la Quinta que el espacio considera disputables permitiría medir si el diagnóstico interno se corresponde con el comportamiento efectivo del electorado.
Entre los riesgos principales aparece la fragmentación. Massa necesita diferenciarse para justificar una candidatura, pero debe evitar una confrontación que vuelva imposible la unidad que él mismo presenta como prioritaria. Kicillof enfrenta un dilema similar: consolidar su propio movimiento puede fortalecer su posición negociadora, aunque una construcción percibida como excluyente podría empujar a otros dirigentes hacia Massa o hacia una fórmula de intendentes independientes.
También existe un riesgo institucional asociado a la pelea por las reelecciones y la Corte. Si los expedientes se utilizan como instrumentos de presión partidaria, la Legislatura puede quedar atrapada en una dinámica de bloqueo que afecte decisiones necesarias para la provincia. La política bonaerense suele absorber los conflictos nacionales, pero en este caso la disputa puede tener consecuencias concretas sobre la administración municipal, la sucesión gubernamental y la confianza en las reglas electorales.
El Frente Renovador ya inició su carrera, aunque su principal candidato todavía no haya dicho si correrá. La paradoja resume el momento del peronismo: todos hablan de unidad, pero cada sector construye por separado las condiciones para negociar esa unidad en mejores términos. Massa conserva la ventaja de ser un dirigente con reconocimiento nacional y una red territorial propia; al mismo tiempo, debe demostrar que esa red puede ampliarse y que su propuesta tiene lugar en una oposición atravesada por la disputa entre el gobernador bonaerense, el kirchnerismo y los intendentes. La definición final no dependerá solo de su voluntad, sino de la capacidad de convertir la expectativa en organización y de sostener alianzas cuando llegue el momento de competir.
Fuente: información publicada por Infobae el 5 de septiembre de 2026, con declaraciones de dirigentes del Frente Renovador y referencias a la dinámica política y legislativa de la provincia de Buenos Aires.
