El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado el curso con un manifiesto que rechaza relegar a Ceuta y Melilla a una condición periférica y las presenta como una cuestión de Estado y de la Unión Europea. La institución subraya que ambas ciudades forman parte indiscutible de España, con reconocimiento expreso en la Constitución y en el Acta de Adhesión española a las Comunidades Europeas.
Frontera, legalidad y capacidad del Estado
El núcleo del pronunciamiento es político y jurídico: España tiene el derecho y el deber de controlar eficazmente sus fronteras, pero esa tarea debe ejecutarse bajo el ordenamiento y con respeto a los derechos fundamentales. El ICAM rechaza que la gestión fronteriza obligue a elegir entre eficacia y garantías. Su tesis es que ambas exigencias se refuerzan: un Estado incapaz de aplicar sus normas se debilita, pero también lo hace el que renuncia a los controles jurídicos para imponerlas.
El decano, Eugenio Ribón, vincula la defensa de las ciudades con la protección de sus habitantes y con la capacidad democrática de hacer cumplir la ley. El mensaje amplía el debate migratorio: no lo reduce a la contención de entradas, sino que lo sitúa en la calidad institucional de la respuesta pública. La eficacia, según el Colegio, exige reglas claras, medios suficientes y seguridad jurídica para quienes actúan en un entorno sometido a presión permanente.
Respaldo operativo y protección individual
El manifiesto pide apoyo para policías, guardias civiles, militares, sanitarios, funcionarios, personal de Justicia y abogados destinados en Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, reclama garantizar el derecho de defensa, la asistencia letrada, la protección de menores y personas vulnerables, y el acceso a la protección internacional cuando corresponda. Esta doble demanda busca evitar que el respaldo a los servidores públicos se interprete como una rebaja de obligaciones legales.
El 2 de septiembre, Día Oficial de Ceuta, la bandera de la ciudad ondeará en la sede del ICAM y se leerá públicamente el manifiesto antes de una concentración en Madrid. Con ese gesto, la Abogacía madrileña convierte la situación de Ceuta y Melilla en una prioridad institucional: defenderlas, sostiene, implica preservar simultáneamente la integridad territorial, la autoridad de la ley y los límites propios de una democracia constitucional.
