El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un balance legislativo de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales aprobadas durante sus primeros dos años de administración. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, sostuvo que el conjunto de cambios busca recuperar el carácter social de la Constitución y reforzar la intervención estatal en áreas consideradas estratégicas para el país.
El dato concentra una de las principales apuestas políticas del actual gobierno: utilizar la reforma constitucional y legal como herramienta para modificar tanto la estructura del Estado como las condiciones de acceso a derechos sociales, laborales y económicos. El recuento fue expuesto durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, en las conferencias matutinas encabezadas desde Palacio Nacional.
Un paquete legislativo que abarca economía, derechos y seguridad
La cifra no se limita a ajustes administrativos ni a una sola materia. Según el balance presentado por Alcalde, las reformas alcanzan sectores productivos, instituciones de seguridad, mecanismos de justicia, derechos laborales, programas sociales y reglas de competencia política. Esa amplitud explica por qué el gobierno coloca el reporte como una señal de transformación normativa, más que como un inventario aislado de iniciativas aprobadas.
Entre las modificaciones destacadas se encuentran las relacionadas con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Para el Ejecutivo, fortalecer a ambas empresas públicas responde a una visión en la que la energía no es únicamente un mercado, sino un componente de la capacidad estatal para orientar el desarrollo económico. La relevancia de estas reformas dependerá, sin embargo, de cómo se traduzcan en financiamiento, operación, inversión y reglas claras para la participación pública y privada.
El gobierno también incluyó en el balance la recuperación de los trenes de pasajeros, la protección del maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico. Son asuntos distintos, pero comparten una lógica: vincular decisiones regulatorias con objetivos de soberanía económica, alimentaria y territorial. En el caso del maíz, la discusión rebasa la producción agrícola, pues involucra biodiversidad, prácticas culturales y la relación comercial de México con sus socios de Norteamérica.
La Constitución como vehículo para ampliar garantías
Otro eje del informe es la incorporación o fortalecimiento de derechos. Luisa María Alcalde señaló el reconocimiento del derecho humano al agua y la constitucionalización de los Programas para el Bienestar. Al elevar políticas públicas a rango constitucional, el gobierno busca darles mayor permanencia frente a cambios de administración o de prioridades presupuestales.
La decisión también abre un desafío relevante: un derecho inscrito en la Constitución requiere capacidades materiales para hacerse efectivo. El acceso al agua, por ejemplo, no se resuelve sólo con una reforma; demanda infraestructura, gestión de cuencas, control de concesiones y coordinación entre federación, estados y municipios. De manera semejante, la protección constitucional de programas sociales obliga a sostener padrones confiables, recursos públicos y mecanismos de evaluación que permitan medir resultados, no sólo cobertura.
En el ámbito laboral, el balance mencionó la jornada de 40 horas, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la regulación para trabajadores de plataformas digitales, la Ley Silla, medidas para jornaleros agrícolas y disposiciones vinculadas con vivienda. Estas reformas reflejan cambios en un mercado de trabajo donde coexisten empleo formal, informalidad, subcontratación, trabajo rural precario y plataformas que durante años operaron en una zona regulatoria limitada.
Del cambio normativo a la aplicación cotidiana
La relevancia de estas medidas no depende únicamente de su aprobación. Una reducción de la jornada laboral, por ejemplo, implica revisar esquemas de productividad, inspección, contratación y cumplimiento empresarial. La igualdad salarial exige información verificable sobre remuneraciones y criterios de promoción. En el caso de los repartidores y conductores de plataformas, el desafío consiste en equilibrar acceso a seguridad social, flexibilidad operativa y responsabilidades empresariales definidas.
El mismo criterio aplica a las reformas en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como al reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. La modificación jurídica puede ampliar el marco de protección y reconocimiento, pero su alcance real dependerá de si las instituciones incorporan consultas efectivas, presupuestos suficientes y mecanismos para que las comunidades participen en decisiones que afecten sus territorios, recursos y formas de organización.
La reconfiguración de las instituciones concentra el mayor alcance
El bloque más sensible del reporte se ubica en seguridad, justicia y organización del poder público. Alcalde mencionó reformas para combatir extorsión, tráfico de fentanilo y armas, facturación falsa, lavado de dinero y feminicidio. También destacó el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
Estas medidas responden a problemas que no pueden resolverse exclusivamente mediante aumentos de penas. La extorsión y el lavado de dinero, por ejemplo, combinan estructuras criminales, economías locales vulnerables, fallas de investigación y operaciones financieras complejas. Por ello, la eficacia de las reformas se medirá por la coordinación entre fiscalías, policías, autoridades financieras y tribunales, así como por la capacidad de producir investigaciones sólidas que deriven en sentencias.
La reforma al Poder Judicial aparece como uno de los cambios institucionales de mayor profundidad. El nuevo modelo contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y ajustes para reducir los tiempos de resolución. Sus promotores sostienen que puede acercar el sistema de justicia a la ciudadanía y aumentar la rendición de cuentas; sus resultados dependerán de que la selección preserve perfiles técnicos, independencia judicial y reglas que reduzcan incentivos partidistas.
Un balance político cuyo resultado aún está en construcción
Las 103 reformas reportadas muestran que el gobierno ha conseguido convertir su mayoría política y su agenda programática en cambios normativos de amplio alcance. También revelan una estrategia que busca dejar bases constitucionales y legales difíciles de revertir en materias donde el Ejecutivo considera indispensable una presencia estatal más activa.
El Segundo Informe permite medir el volumen legislativo, pero no resuelve todavía la pregunta central: cuánto cambiará la vida cotidiana de las personas a partir de estas reformas. La respuesta estará en la implementación, los presupuestos, los reglamentos, las decisiones judiciales y la capacidad de las instituciones para cumplir lo aprobado. Ahí se definirá si el paquete se consolida como una ampliación efectiva de derechos y capacidades públicas o si parte de sus objetivos queda limitada al terreno de la norma.
