Coahuila enfrenta un problema relevante de violencia familiar y las autoridades deben evitar que las cifras permanezcan ocultas, afirmó Cristina Gómez, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM) Torreón. Su declaración coincide con los registros difundidos durante los últimos meses por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubican al estado en la sexta posición nacional por el número de casos y hasta en el segundo lugar cuando el cálculo se realiza por cada 100 mil habitantes.
La funcionaria sostuvo que estos datos no deben interpretarse únicamente como una señal de alarma. Desde su perspectiva, una mayor presencia estadística también puede indicar que existen más mecanismos para identificar, denunciar y atender las agresiones. El problema, explicó, no se resuelve ocultándolo ni reduciendo los reportes para mejorar artificialmente la posición de la entidad en las tablas nacionales.
Visibilizar el delito también revela la capacidad de respuesta
La postura del CJEM parte de una diferencia importante entre la incidencia registrada y la incidencia real. Un aumento en las denuncias puede reflejar una expansión de la violencia, pero también una mayor confianza de las víctimas en las instituciones, una mejor coordinación para recibir reportes o una menor tolerancia social frente a las agresiones. Por esa razón, las estadísticas requieren una lectura cuidadosa: el número de carpetas o llamadas no representa por sí solo la totalidad del fenómeno, aunque sí permite dimensionar su magnitud y orientar recursos.
Gómez cuestionó que entidades con poblaciones numerosas reporten apenas tres o cuatro casos de violencia familiar. Consideró que esos resultados difícilmente corresponden a la realidad social y advirtió que una baja incidencia oficial no necesariamente significa que exista menos violencia. Puede tratarse, señaló, de subregistro, falta de denuncia, deficiencias en la clasificación de los delitos o barreras que impiden a las víctimas acceder a las autoridades.
La comparación nacional debe considerar el tamaño de la población
La diferencia entre el sexto lugar nacional y el segundo sitio por cada 100 mil habitantes muestra por qué la forma de medir modifica la lectura del problema. Los totales absolutos favorecen a los estados con mayor población, mientras que las tasas permiten aproximarse al riesgo relativo que enfrenta una comunidad. En el caso de Coahuila, ambos indicadores apuntan a una situación que merece atención sostenida, aunque no deben confundirse con una explicación completa de las causas.
Para evaluar la evolución del fenómeno sería necesario observar series de tiempo, distribución por municipios, reincidencia, relación entre llamadas de emergencia y denuncias formales, así como el resultado de las medidas de protección. También resulta relevante conocer cuántas víctimas reciben acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, refugio o apoyo económico. Sin esos datos, la estadística sirve para alertar y comparar, pero no basta para determinar si las políticas públicas están reduciendo el riesgo o únicamente ampliando la detección.
El caso de Nora Cecilia expone los límites de las medidas de protección
La discusión adquiere una dimensión más grave a partir del feminicidio de Nora Cecilia, ocurrido en julio en Torreón. La víctima contaba con medidas de protección que, de acuerdo con la información disponible, fueron violadas por su agresor. El caso pone en el centro una pregunta operativa: no basta con emitir una orden de restricción si las instituciones no pueden supervisar su cumplimiento, reaccionar ante una transgresión y comunicar oportunamente el nivel de riesgo.
Gómez aseguró que estos expedientes se revisan semanalmente en la Mesa de Seguridad. En esas reuniones se informa al alcalde y a las instituciones involucradas cuántas órdenes de restricción están vigentes, cuántos rondines realizan las corporaciones estatales y municipales, y qué visitas domiciliarias se llevan a cabo en los casos considerados de alto riesgo. Las bitácoras y partes policiales, indicó, forman parte del seguimiento institucional.
Este esquema puede mejorar la coordinación, pero su eficacia depende de factores verificables: que las alertas lleguen a todas las corporaciones, que los recorridos se cumplan en tiempo y forma, que las víctimas puedan reportar nuevas amenazas sin enfrentar obstáculos y que cada incumplimiento genere una respuesta proporcional. La existencia de reuniones y registros es necesaria, aunque no sustituye la evaluación de resultados ni garantiza por sí misma la seguridad de las mujeres.
Atención inmediata y prevención para evitar la violencia extrema
La titular del CJEM afirmó que en Torreón los casos han sido atendidos y que los presuntos responsables enfrentan sus procesos ante la justicia. Esa respuesta institucional es relevante, pero la prevención debe comenzar antes de que la violencia alcance su máxima expresión. Las amenazas, el control económico, el aislamiento, las agresiones psicológicas y las lesiones suelen formar parte de una progresión que puede agravarse cuando no existen redes de apoyo ni intervención temprana.
El desafío para Coahuila consiste en sostener la visibilidad estadística y convertirla en decisiones concretas: reforzar la evaluación de riesgo, proteger a los hijos de las víctimas, vigilar el cumplimiento de las restricciones y garantizar atención accesible en cada municipio. Reconocer que el estado tiene un problema no resuelve la violencia, pero permite abandonar la negación. La verdadera medida del avance será que los reportes sirvan para impedir nuevas agresiones y que ninguna orden de protección quede reducida a un documento sin capacidad efectiva de respuesta.
