Santa Cruz de Tenerife, 1 jul (EFE). La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció que el Ejecutivo autonómico pedirá al Estado reactivar las solicitudes de asilo por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos que permanecen en el archipiélago. La medida responde a la suspensión automática derivada de la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que afectó tanto a expedientes en trámite como a resoluciones ya concedidas.
Delgado explicó que la nueva normativa europea paralizó de forma inmediata los procedimientos en curso y dejó en limbo la situación administrativa de varias personas venezolanas que ya habían obtenido protección. El Gobierno canario considera que las condiciones actuales en Venezuela impiden cualquier retorno seguro, especialmente cuando se trata de familias con menores a cargo. Por ello, prepara un documento formal para solicitar la reactivación selectiva de estas solicitudes bajo criterios humanitarios.
El impacto del Pacto Europeo
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 y vigente desde junio de 2026, establece mecanismos más estrictos de control fronterizo y redistribución de solicitantes. Una de sus consecuencias inmediatas ha sido la suspensión temporal de ciertos procedimientos nacionales que no se ajustan a los nuevos criterios de admisibilidad. En el caso de Venezuela, donde no existe un conflicto armado reconocido por la Unión Europea pero persiste una crisis humanitaria prolongada, la aplicación automática del pacto ha generado vacíos de protección para quienes ya se encontraban en territorio español.
Canarias, por su condición de frontera sur, concentra un número significativo de estas situaciones. La consejera subrayó que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier procedimiento administrativo. Esta posición coincide con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español y con recomendaciones del Defensor del Pueblo, que han insistido en que la reunificación familiar y la estabilidad de los niños no pueden subordinarse a plazos europeos aún en fase de implantación.
Ayudas inmediatas y refuerzo asistencial
Además de la petición formal al Estado, el Gobierno canario prepara un paquete de ayudas económicas para los próximos tres meses dirigido a las familias venezolanas afectadas. El objetivo es cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la situación administrativa. Delgado indicó que su departamento está revisando qué tipo de apoyos pueden prestarse, con especial atención a hogares que han perdido a algún familiar en los últimos meses.
El refuerzo de la atención social incluye la ampliación de plazas en servicios de orientación jurídica y psicológica. Esta decisión responde a informes internos que detectaron un aumento de casos de estrés postraumático entre menores venezolanos tras la interrupción de sus expedientes de asilo. La medida busca evitar que la incertidumbre administrativa derive en situaciones de exclusión social o abandono escolar.
Contexto migratorio y equilibrio institucional
La solicitud de Canarias se produce en un momento en que el Estado central mantiene la competencia exclusiva en materia de asilo, mientras las comunidades autónomas gestionan la acogida y la integración. Esta división competencial genera tensiones recurrentes cuando los plazos administrativos se alargan. La iniciativa canaria no cuestiona el Pacto Europeo, sino que reclama mecanismos transitorios que permitan aplicar criterios humanitarios ya reconocidos antes de la nueva normativa.
Observadores del sector migratorio señalan que la reactivación selectiva de expedientes venezolanos podría servir de modelo para otros colectivos en situación similar, siempre que se acredite riesgo real de retorno. El documento que prepara el Ejecutivo autonómico incluirá datos cuantitativos sobre el número de familias afectadas y un análisis de las condiciones de seguridad en Venezuela según fuentes internacionales independientes.
La respuesta final dependerá de la coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comisión Europea. Mientras tanto, Canarias mantiene su compromiso de garantizar que ningún menor quede desprotegido por la aplicación de una norma cuya implantación aún presenta zonas grises en el ámbito humanitario.
