El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene la previsión de reabrir los túneles de la Gran Pirámide de Cholula antes de que concluya 2026, aunque sin fecha concreta. El delegado en Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, explicó que los trabajos de consolidación estructural, renovación de instalaciones y modernización del sistema de seguridad avanzan según los protocolos técnicos exigidos por la conservación del patrimonio. El cierre, vigente desde 2020 por la pandemia, se prolonga por retrasos acumulados y por la necesidad de adecuar un nuevo acceso, obra que corresponderá al Ayuntamiento de San Andrés Cholula con una inversión cercana a dos millones de pesos.
La expectativa inicial de inaugurar el espacio durante las actividades previas al Mundial de Fútbol 2026 ya quedó descartada. Este ajuste refleja tanto las complejidades técnicas inherentes a la intervención en un monumento prehispánico como la coordinación requerida entre instancias federales y municipales. La pirámide de Cholula, uno de los sitios arqueológicos más extensos de Mesoamérica, sigue siendo un referente para el turismo cultural en Puebla, pero su gestión enfrenta tensiones entre preservación y aprovechamiento económico.
Impacto en el sector turístico y económico local
La reapertura de los túneles representa una oportunidad para reactivar flujos de visitantes que, según datos del propio INAH, habían disminuido significativamente durante el cierre prolongado. Cholula atrae anualmente cientos de miles de turistas nacionales e internacionales; la posibilidad de recorrer el interior de la estructura añade un valor diferencial que pocos sitios ofrecen. Sin embargo, el retraso afecta directamente a operadores turísticos, guías certificados y comercios de la zona, que habían ajustado sus proyecciones considerando una apertura en 2025.
Un análisis de la dinámica regional muestra que cada mes adicional de cierre implica pérdidas estimadas en decenas de miles de pesos para la economía de San Andrés Cholula. El municipio, que depende en parte del turismo cultural, enfrenta la necesidad de diversificar atractivos mientras espera la conclusión de las obras. Al mismo tiempo, la inversión municipal de dos millones de pesos para el nuevo acceso evidencia un modelo de corresponsabilidad que podría replicarse en otros sitios donde el INAH carece de recursos suficientes para intervenciones complementarias.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la óptica del INAH, la prioridad sigue siendo la conservación estricta del patrimonio. Los procedimientos técnicos mencionados por Donnadieu Cervantes responden a normas internacionales que exigen estudios previos, materiales compatibles y sistemas de monitoreo para evitar daños irreversibles. Esta postura, aunque genera demoras, protege la integridad de una estructura que ha resistido siglos de modificaciones y eventos sísmicos.
El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, por su parte, asume un rol más activo al financiar el acceso renovado. Esta participación municipal introduce un elemento de gobernanza compartida que puede acelerar decisiones locales, pero también genera interrogantes sobre la distribución de responsabilidades en caso de incidentes futuros. Los guías de turistas y asociaciones de vecinos expresan frustración por la falta de fechas precisas, ya que dependen de la certidumbre para planificar paquetes y eventos. Los arqueólogos independientes, mientras tanto, advierten que cualquier apertura apresurada podría comprometer hallazgos aún no documentados en el interior de los túneles.
Tres observaciones estructurales sobre el proceso
La primera observación radica en la tensión entre calendario político y tiempos técnicos. La aspiración de vincular la reapertura con el Mundial de 2026 respondía a una lógica de visibilidad mediática, pero subestimó la rigidez de los protocolos de conservación. Esta experiencia sugiere que los proyectos de infraestructura patrimonial requieren márgenes temporales más amplios cuando se integran a eventos de escala internacional.
La segunda observación apunta a la modernización de sistemas de seguridad como factor determinante. La renovación de instalaciones no solo busca mejorar la experiencia del visitante, sino también responder a estándares contemporáneos de protección contra vandalismo, humedad y fallas eléctricas. Sitios similares en México, como los túneles de Teotihuacán, han demostrado que la incorporación de sensores y control de aforo reduce incidentes en un 40 % según reportes del propio INAH.
La tercera observación se refiere al papel creciente de los gobiernos locales en la gestión patrimonial. La decisión de que el Ayuntamiento financie el nuevo acceso marca un precedente que podría aliviar la carga presupuestal federal, siempre que se establezcan mecanismos claros de supervisión técnica para garantizar que las intervenciones respeten criterios arqueológicos.
Tendencias futuras y riesgos identificados
De cara al futuro, es previsible que los sitios arqueológicos mexicanos adopten modelos híbridos de gestión donde la participación municipal y privada complemente los recursos federales. La experiencia de Cholula podría servir como referencia para otros recintos que permanecen cerrados desde la pandemia, siempre que se priorice la formación de personal técnico local.
Entre los riesgos destaca la posibilidad de nuevos retrasos si las obras de consolidación revelan daños estructurales no previstos. Otro factor de vulnerabilidad es la dependencia de recursos municipales para componentes clave del proyecto; cualquier cambio de administración local podría alterar los plazos comprometidos. Finalmente, una reapertura exitosa sin un plan de aforo controlado podría generar saturación y deterioro acelerado del sitio, repitiendo problemas observados en otros destinos culturales tras periodos de cierre prolongado.
La reapertura de los túneles de Cholula, más allá de su valor simbólico, pondrá a prueba la capacidad del sistema de protección patrimonial mexicano para equilibrar conservación, participación local y aprovechamiento turístico sostenible en un contexto de creciente presión económica.
